El plan de Evo pasa por Llallagua

Los bolivianos están indignados de la prepotencia e impunidad que gozan ciertos grupos sociales. Son ya diez días de intransigentes bloqueos de carreteras, estratégicamente ubicados para impedir el abastecimiento de los centros urbanos, que repercuten directamente en la golpeada economía de miles y miles de familias. Son demasiados días de sufrimiento por el capricho de un individuo cegado por su anhelo de poder supremo y capaz de movilizar a sus afines a sabiendas del dolor que provocan a sus propios compatriotas.

Ayer, la impotencia estalló y se llenó de valor. En varios lugares del país, los vecinos salieron a las carreteras para levantar los bloqueos. Ocurrió en San Julián, también en Cochabamba y en Llallagua.

Fue precisamente en esta localidad potosina donde el enfrentamiento entre bloqueadores y pobladores se desbordó. Piedras, palos y cachorros de dinamita volaron sin piedad. Envalentonados por su ‘superioridad’, los Ayllus arrasaron cuanto encontraron a su paso por las calles de Llallagua. No dudaron en atacar a la policía, a la universidad y a los diversos comercios que hallaron en su recorrido. La desesperación de los vecinos llegó a tal punto que demandaron la salida de los militares para poder hacer frente a los abusos cometidos por los bloqueadores. 

Lo vivido en Llallagua es un reflejo de lo que se siente en otras partes de Bolivia. Responde al plan del núcleo más duro que acompaña al expresidente Evo Morales en su cruzada por volver al poder. Busca caos, busca desorden, busca sangre. Tal y como lo hizo en 2003 y lo repitió en cuantas ocasiones fuera necesario para imponer su voluntad por encima de la ley. 

El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, lo anticipó días atrás. “Estamos entrando a lo irracional, no podemos permitir que esto se traduzca en sangre”, apeló. Ayer volvió a cuestionar, en EL DEBER Radio, que los bloqueos han provocado “una serie de situaciones que ya rayan en el ámbito delictual”. Y, si bien observó que debe ser el diálogo la vía de resolución de este tipo de disputas políticas, hasta ahora poco o nada hizo por concretar.  

Frente a esta cultura del atropello y el temor, una pregunta recorre cada rincón del país. ¿Quién puede garantizar el orden y dotar de estabilidad a Bolivia? ¿A quién corresponde mantener las vías transitables y facilitar el abastecimiento regular de mercados?
El Gobierno incentiva medidas paliativas, temeroso, quizá, de enfrentar abiertamente a su otrora mentor y ahora archienemigo Evo Morales. Los enérgicos discursos en contra del cacique cocalero no pasan de palabras, amenazantes, eso sí; pero ineficientes a todas luces. Desde el Ejecutivo creen que con enjuiciarlo una vez más podrá doblegarlo y superar los perjuicios provocados por los bloqueos.

Más que agotarlo, los juicios funcionan como revulsivo para Morales y sus huestes. Al igual que ocurre con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o que aconteció con otros líderes populistas de izquierda como Rafael Correa y Lula Da Silva, la judicialización refuerza su discurso victimista y activa el argumento de los Derechos Humanos como escudo protector. Un comportamiento semejante al que preparan tras los sucesos de Llallagua, donde los bloqueadores agresores se presentan como víctimas y los pobladores agredidos son tildados de intolerantes.