Informe: Unitas detecta abandono al TSE, instrumentalización de la justicia y Estado débil en Bolivia
22 instituciones realizaron un análisis del proceso electoral, los conflictos sociales y las consecuencias que puede haber para el país
La pérdida de autonomía y autoridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la istración de procesos electorales, además de las amenazas abiertas a sus autoridades; los constantes fallos judiciales que obstaculizan el trabajo electoral y la debilidad del Estado boliviano para proteger a sus instituciones fueron parte de las conclusiones que realizó Unitas, una red de organizaciones no gubernamentales.
"Este análisis se extrae de los datos documentados por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos sobre la situación de la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales en Bolivia", señala el documento de Unitas.
“El TSE ha quedado en una posición ambigua: no tiene control sobre los fallos judiciales que condicionan su trabajo ni herramientas para proteger su independencia frente a la coacción política. El hostigamiento y acoso sistemático contra los del Órgano Electoral constituyen una grave amenaza a la independencia y la integridad del proceso electoral”, señala parte del documento publicado este viernes.
La red, que aglutina a 22 instituciones, realizó un análisis de lo sucedido hasta el momento en materia electoral, judicial, así como el trabajo de los otros dos órganos, Ejecutivo y Legislativo. El análisis indica que existe una instrumentalización de la justicia. Informes internacionales señalaron al poder político como el principal responsable de ese uso del poder judicial para su propio beneficio.
“Si bien la supervisión judicial de los procesos electorales es legítima, para garantizar la legalidad y los derechos humanos, la instrumentalización de la justicia, a riesgo de subordinar sistemáticamente las decisiones de un Órgano Electoral independiente, es contraria a los principios democráticos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe gozar de autonomía para garantizar la imparcialidad y la transparencia del proceso”, recomienda.
Asimismo, señala al propio Estado de no garantizar la seguridad para los pobladores, pues "no mide el uso proporcional de la fuerza y las fuerzas de seguridad" que deben cumplir ese papel terminan gasificando escuelas o afectando a mujeres sin respeto de los derechos.
“La inacción estatal ante contextos de conflictividad social marcados por violencia, bloqueos y ataques a civiles, así como el repliegue institucional de las fuerzas de seguridad, configura una grave situación de desprotección que vulnera derechos fundamentales como la seguridad personal, el a servicios esenciales y la garantía del orden público bajo estándares de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza”, señala el reporte.
